La violencia doméstica es un problema grave que afecta a miles de personas en Uruguay cada año. No distingue género, edad ni condición social, y puede manifestarse en distintas formas: física, psicológica, sexual o económica. Frente a estas situaciones, la ley uruguaya establece mecanismos de protección urgentes que buscan salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas.
Pero ¿qué se entiende por violencia doméstica? ¿Qué medidas de protección inmediata pueden solicitarse y cómo se aplican? Desde Estudio RIM te explicamos las claves para comprender este tema y actuar con rapidez.
¿Qué es la violencia doméstica?
La Ley N.º 17.514 define la violencia doméstica como toda conducta que, de forma directa o indirecta, cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a una persona en el ámbito familiar o de convivencia.
Esto incluye situaciones de violencia entre:
- Parejas o exparejas (cónyuges, concubinos, noviazgos).
- Padres e hijos.
- Hermanos y otros familiares.
- Personas que conviven en un mismo hogar, aunque no exista vínculo de parentesco.
¿Qué normas protegen a las víctimas en Uruguay?
El marco normativo es amplio y ha evolucionado en los últimos años:
- Ley N.º 17.514 (2002): sobre violencia doméstica.
- Ley N.º 19.580 (2017): de violencia basada en género hacia las mujeres.
- Código Penal y Código de la Niñez y Adolescencia: contemplan agravantes y medidas específicas.
Todas estas normas reconocen que la protección de la víctima debe ser inmediata, priorizando su seguridad antes que cualquier otra consideración.
Medidas legales de protección inmediata
Cuando una persona denuncia violencia doméstica, el juez puede disponer medidas cautelares urgentes, incluso en menos de 24 horas. Entre las más frecuentes se encuentran:
1. Exclusión del agresor del hogar
El juez puede ordenar que el denunciado se retire del domicilio común, aun cuando sea propietario del inmueble. La prioridad es resguardar a la víctima y a los menores que convivan con ella.
2. Prohibición de acercamiento y comunicación
Se impide al agresor acercarse a la víctima, a su lugar de trabajo o estudio, y mantener cualquier tipo de contacto, ya sea personal, telefónico o por redes sociales.
3. Custodia policial
En casos de alto riesgo, la víctima puede recibir custodia o vigilancia policial para garantizar su seguridad.
4. Entrega provisional de hijos menores
El juez puede otorgar la tenencia temporal de los hijos a la víctima, suspendiendo el régimen de visitas del agresor hasta que se evalúe la situación.
5. Retención de armas
Si el agresor posee armas de fuego, el juez puede ordenar su incautación inmediata para evitar riesgos mayores.
6. Asistencia médica y psicológica
La víctima tiene derecho a recibir atención sanitaria y apoyo psicológico especializado de forma gratuita.
¿Cómo se solicita la protección?
La denuncia puede realizarse en:
- Comisarías especializadas en violencia doméstica y de género.
- Fiscalías de turno.
- Juzgados de Familia especializados.
No se requiere contar con abogado para realizar la denuncia inicial, aunque sí es recomendable contar con asesoría legal durante el proceso. Una vez presentada, el juez debe actuar de inmediato para evaluar el riesgo y dictar las medidas cautelares necesarias.
¿Qué pruebas se necesitan?
Si bien la urgencia exige actuar rápidamente, cualquier elemento puede ayudar a acreditar la violencia:
- Testimonios de la víctima y de testigos.
- Informes médicos.
- Mensajes, correos o grabaciones.
- Actas policiales previas.
El juez puede dictar medidas incluso sin pruebas contundentes, cuando hay indicios suficientes de riesgo.
Consecuencias para el agresor
Además de las medidas cautelares, el agresor puede enfrentar consecuencias legales más severas:
- Procesos penales por lesiones, amenazas o delitos sexuales.
- Procesos civiles vinculados a la tenencia de hijos o alimentos.
- Inclusión en registros de violencia doméstica.
Recomendaciones para las víctimas
- Denunciar cuanto antes: cada demora aumenta el riesgo.
- No retirar la denuncia por presión: la seguridad personal es prioritaria.
- Guardar pruebas y registros de agresiones, incluso mensajes o llamadas.
- Buscar apoyo en redes familiares, sociales y profesionales.
- Asesorarse con un abogado especializado en familia y violencia de género.
Conclusión
La violencia doméstica es una violación a los derechos humanos y no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia. La ley uruguaya ofrece herramientas de protección inmediata para resguardar la seguridad de las víctimas y sancionar al agresor.
En Estudio RIM contamos con experiencia en la tramitación de medidas cautelares y procesos judiciales vinculados a violencia doméstica, acompañando a las víctimas con asesoramiento jurídico y humano. Si estás atravesando esta situación, consultanos: tu seguridad y la de tu familia son lo más importante.